EUTANASIA Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA

Eutanasia y objeción de conciencia

Rafael Navarro-Valls, Javier Martínez-Torrón y María José Valero.    Editorial Palabra 

La denominada ley de la eutanasia, Ley Orgánica 3/2021, aprobada el 18 de marzo de 2021 por el Congreso, que entró en vigor en junio de ese año, ha sido calificada por sus promotores como uno de los avances más relevantes en cuanto a los derechos fundamentales de los españoles. Esa ley nos ponía, según sus promotores, a la cabeza de los derechos humanos en este aspecto del suicidio asistido y de la eutanasia.

No hay que olvidar que esta ley fue tramitada en plena pandemia, que el Gobierno no recabó oficialmente la opinión ni del Comité de Bioética, que se pronuncio motu proprio, ni de la Organización Médica Colegial, ni de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.

La realidad es que esta ley nos coloca en la cola de los países en cuanto a la defensa de la dignidad integral de la persona. Un problema serio es el de la objeción de conciencia del personal sanitario.

En total, 171 muertes asistidas desde que entró en vigor la ley. Las Comunidades Autónomas de Cataluña y el País Vasco son las que tienen más casos de muerte asistida. Respecto a la objeción de conciencia de los sanitarios, Madrid es la Autonomía con mayor número de objetores.

Un capítulo particularmente interesante es el dedicado a la objeción de conciencia a la eutanasia en el derecho comparado, donde se dan datos interesantes sobre esta práctica en países como Bélgica, Países Bajos, Colombia, Luxemburgo, Canadá o Nueva Zelanda.