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viernes, 15 de abril de 2016

PROYECTO DE EUTANASIA EN CANADÁ

El Gobierno de Justin Trudeau presentó el proyecto de la primera ley de eutanasia de la historia de Canadá. No importa demasiado lo restrictivo que, para algunos observadores, el borrador pueda ser en este momento. La experiencia histórica de países que han creado el “derecho al suicidio asistido” traza, sin excepción, una pendiente resbaladiza desde los llamados “casos extremos” de sufrimiento por una enfermedad, hasta la extensión de la eutanasia a ancianos, niños, discapacitados y personas con enfermedades mentales. Bélgica y Holanda son el espejo del camino que Canadá acaba de emprender.

El borrador, que aún tiene que pasar por el debate en el Parlamento, excluye la práctica del suicidio asistido o eutanasia en menores de 18 años y personas con enfermedades mentales. El ejercicio de este nuevo derecho estará limitado, además, a ciudadanos canadienses, una restricción que trata de evitar que el país se convierta en un destino turístico del suicidio, con su industria asociada –agencias de viajes, clínicas, crematorios–, al modo de Suiza.

Solo pacientes con “una enfermedad incurable que les causa un sufrimiento físico o psicológico duradero que se vuelve intolerable para ellos”; personas que están “en un avanzado estado de deterioro de sus capacidades”, y cuya “muerte natural es razonablemente previsible” a causa de la enfermedad, podrán solicitar que se le prescriba la droga letal. La petición, además, tendrá que ser por escrito, redactada y firmada por el paciente. Dos médicos o enfermeras “independientes” –dice el proyecto de ley C-14– deberán aprobarla. Se establece, además, un periodo de reflexión de quince días antes de administrar el veneno, aunque este plazo podrá acortarse si el deterioro físico del paciente está muy avanzado y le causa un sufrimiento que hace insoportable esperar quince días.

El proyecto reconoce, en su preámbulo, el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario, pero la protección de estos profesionales frente a posibles abusos en la aplicación de la ley brilla por su ausencia en el articulado. El movimiento provida canadiense denuncia esta falta de garantías para la libertad de conciencia como el principal peligro de la reforma, tal y como ha salido redactada del Gobierno.

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