El Fiscal General de Canadá, Rob Nicholson, anunció esta semana que va a apelar ante la Corte Suprema del país para anular una decisión de la Corte Suprema de Columbia Británica que considera que las prohibiciones sobre el suicidio asistido serían inconstitucionales.
Según Rob Nicholson, el Gobierno considera que las disposiciones del Código Penal que prohíben a los profesionales médicos, o a cualquier otra persona, tanto el asesoramiento como la asistencia al suicidio, son constitucionalmente válidas. "Las leyes en materia de eutanasia y suicidio asistido existen para proteger a todos los canadienses, incluyendo a aquellos que son los más vulnerables, como personas que están enfermas o de edad avanzada o personas con discapacidad".
No sabemnos en qué va quedar todo esto, pero lo que sí está claro es que se trata de un problema emocional que divide a la sociedad canadiense.
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