Las más de 300.000 interrupciones voluntarias que se han producido en España en los tres últimos años del Gobierno del PP han supuesto un desembolso para el Estado de más de 50 millones de euros, un dinero que las asociaciones pro vida consideran que podría ir destinado a medidas de apoyo a las madres embarazadas con dificultades económicas.
Las Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) asegura que «entre el 60 y el 70 por ciento de los abortos en España son financiados por las comunidades autónomas». Teniendo en cuenta que en España se han practicado más de 300.000 abortos en los últimos tres años y que cada intervención supone un desembolso de entre 300 y 400 euros, el Estado ha gastado cada año al menos 18 millones de euros por los 100.000 abortos anuales practicados en ese margen de tiempo y que multiplicado por tres arroja la friolera de más de 50 millones en tres años (larazon.es, 18-XII-2014).
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