Ayer, en España, el Gobierno socialista cosechó un tremendo varapalo, de parte de una de las instituciones democráticas de este país. Al votar el anteproyecto de la reforma de la ley del aborto, el Consejo General del Poder Judicial se dividió en dos bloques y, por primera vez en su historia, ha dejando un anteproyecto de ley sin el informe del CGPJ. Aunque se trata de un órgano consultivo y sus dictámentes no son vinculantes para el Gobierno, se pone de manifiesto una vez más la contestación que en todos los niveles de la sociedad está teniendo la nueva ley del aborto.
Uno de los votos en contra ha sido precisamente el del Presidente del CGPJ, Carlos José Dívar Blanco, que, aunque no hizo uso del voto de calidad, se manifestó en contra del informe elaborado por Margarita Uría, vocal propuesta por el pNV y autora del informe, y que lógicamente votó a favor del mismo. Enseguida, los diarios "independientes" del Gobierno han atacado a la persona e ideas del juez Dívar, con la argumentación ya conocida de que Dívar "apela a sus creencias religiosas para desaprobar la ley del aborto". Como muy bien argumentaba hoy en ABC, el escritor Juan Manuel de Prada "a nadie se le ocurriría afirmar que tal o cual jurista apela a su ateísmo para aprobar la ley del aborto".
Detrás de estas acusaciones late un enconado odio a todos los que no comulgan con los intereses nacionalsocialistas, un profundo desprecio a las personas que no piensan como ellos y un prejuicio laicista, que es tanto como marginar las creencias religiosas de la vida pública. Está bien que los católicos organicen procesiones y cofradías, pero en los temas de educación, matrimonio y familia que no se metan, que eso es cosa nuestra.
La progresía ya le ha puesto a Dívar el sambenito de "católico que apela a sus creencias religiosas". Desde aquí, mi más entusiasta felicitación a Carlos Dívar y a todos los demás jueces que han hecho posible esta decisión.
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