Especialistas europeos en derecho han acusado al diminuto estado de Malta de violar los derechos humanos. El delito imperdonable de Malta es
proteger la vida humana en el seno materno.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), organización de
derechos humanos compuesta por abogados y juristas, presentó un informe
ante el Consejo de Derechos Humanos en el que acusa a Malta de poner en
peligro la vida de las mujeres innecesariamente con leyes que protegen
la vida humana. El fundamento legal de estas demandas es muy
controvertido.
El informe
trata principalmente de las dificultades inmigratorias maltesas por
tratarse del país europeo más próximo a múltiples puertos africanos.
Pero la CIJ aprovecha la oportunidad para censurar a Malta por negar el
aborto «por motivos terapéuticos» afirmando que constituye una violación
del derecho a la salud y una forma de tortura. El fundamento científico de las demandas es discutible. Tanto los
especialistas de la CIJ como los órganos de tratados de la ONU aseguran
que se pone en peligro la salud de las mujeres donde el aborto es
ilegal, porque ellas recurren a prácticas ilegales peligrosas. Pero no
existen pruebas científicas de que las leyes de Malta que protegen la
vida pongan en peligro a las mujeres.
El número total de muertes atribuidas al aborto (0,03%) es menor que en España y en Grecia. Malta es una de las últimas naciones católicas que
prohíben el aborto. La legislación maltesa protege a los no nacidos en toda
circunstancia y en todas las etapas de desarrollo, sin excepción.
Los legisladores del CIJ no tienen razón. Lo que más violenta a la mujer no es el embarazo, sino el aborto. Es un acto de exclusión, la insolidaridad máxima, cómo alguien en su sano juicio, puede pensar que eso es liberación de la mujer? El aborto sí que es tortura para la mujer, el embarazo es vida.
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