Parece que ha llegado el momento de cambiar la legislación española sobre Reproducción Asistida, y adecuarla a la normativa europea. Ayer, la ministra de Sanidad, Ana Mato, anunciaba que la sanidad pública solo cubrirá de forma gratuita la reproducción asistida para las mujeres menores de 40 años que tengan problemas de fertilidad o cuando lo tengan sus parejas masculinas, que tendrán que tener menos de 55 años. Además, el número de ciclos financiados públicamente se limitarán a tres.
Pero de lo que no ha dicho nada es de la petición de 2.700 científicos e investigadores de adaptar la Ley 14/2006 de Reproducción Asistida Humana a la normativa y jurisprudencia europea. La legislación española no está adaptada al Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y Biomedicina, que exige a los Estados firmantes del Convenio (entre ellos España) proteger al ser humano en su dignidad e identidad , sin discriminación alguna, con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina. Igualmente, la normativa española sobre reproducción asistida se aleja de la sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo de 18 de octubre de 2011 que establece la imposibilidad de manipular o destruir embriones humanos.
La actual legislación española permite la selección genética de embriones, o lo que es lo mismo eugenesia embrionaria, así como su acumulación sin límite de tiempo en tanques vitrificados que son destruidos o cedidos para proyectos de investigación que no han dado resultado alguno. No existe ninguna estadística sobre el número de embriones almacenados. Estas prácticas tienen, además, un enorme coste para la Sanidad y no son seguras, como ha quedado de manifiesto en la reciente destrucción de cientos de embriones humanos, al parecer por un fallo técnico, en el Hospital de la Paz de Madrid.
Es el momento. Esperemos que los gobernantes sean coherentes y proporcionen al embrión la seguridad juridica de la que ahora carece.
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