DERECHO DE LAS PERSONAS, EN LA ETAPA PRENATAL

280 juristas recuerdan que el Estado ha de garantizar los derechos de las personas, "también en la etapa prenatal". Proceden de ámbitos tan diversos como el académico, político y del ejercicio de la abogacía, destacan la necesidad de "una adecuada protección social de la maternidad" y advierten de que "la regulación del aborto debe respetar la objeción de conciencia".

Desde la Plataforma 'Juristas y Derechos', más de 280 juristas de toda España y que proceden del ámbito académico, político y del ejercicio de la abogacía han elaborado un manifiesto, presentado este miércoles, 16 de julio, en el que apelan a la responsabilidad del Estado de tutelar los derechos fundamentales con la reforma de la ley del aborto.

En el texto presentado en el Club Financiero Génova de Madrid, los firmantes consideran que el debate abierto ante la propuesta de reforma de la ley del aborto planteada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, es una oportunidad única para que la sociedad avance en el plano ético y social con el pleno reconocimiento de los derechos jurídicos del concebido y la protección social de la mujer ante la maternidad.

En primer lugar, el texto pone de relieve los derechos constitucionales del concebido: el derecho a la protección de su vida; y destacan la obligación que tiene el Estado de tutelarla como ser individual distinto a su madre, a través de un sistema de normas que protejan efectivamente su vida". Destacan que si el Legislador opta por la despenalización del aborto en supuestos concretos, al tratarse de un supuesto de ponderación de derechos de la mujer y del no nacido -por ejemplo, ante un grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada-, debe asegurarse de que se trate de casos siempre rigurosamente demostrados.

Al mismo tiempo, destacan la necesidad de “una adecuada protección social de la maternidad” que apoye a la embarazada y le facilite información sobre las ayudas a las que tiene derecho y las consecuencias médicas del aborto. Finalmente, advierten que la regulación del aborto debe respetar la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios que no quieran participar en ese tipo de prácticas.

En la firma del manifiesto destaca el ámbito académico, con más de un centenar de profesores de 39 universidades españolas y otras, de ellos 40 catedráticos. Son docentes de hasta diecinueve áreas del Derecho, siendo la más numerosa la del Derecho Constitucional. Cabe señalar la firma de catedráticos constitucionalistas como Francisco J. Díaz Revorio, Joan Oliver Araujo, Ángel Gómez-Montoro o Manuel Martínez Sospedra (también ex Senador), y entre los penalistas la de los catedráticos Jesús Mª Silva, Carlos Pérez del Valle y Pablo Sánchez-Ostiz. Encabezan las adhesiones juristas de gran prestigio y expertos constitucionalistas como, entre otros, José Gabaldón y Ramón Rodríguez Arribas. Así mismo, hay una presencia de juristas que han ejercido o ejercen funciones en altas instituciones del Estado y de la Justicia, como Jesús Cardenal, ex Fiscal General del Estado; José Luis Requero, magistrado del Tribunal Supremo y ex Vocal del Consejo General del Poder Judicial; Antonio del Moral, magistrado del Tribunal Supremo; Santiago Milans del Bosch, magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional; Rafael Losada, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria; Rafael Perera, magistrado jubilado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares; abogados del Estado, letrados de las Cortes y del Consejo de Estado, entre otras instituciones. Firma también Rafael Navarro-Valls, Secretario General de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y miembros de distintos organismos públicos y organizaciones sociales como Benigno Blanco, Presidente del Foro Español de la Familia.