VALORACIÓN ÉTICA DE LOS ACTOS PROFESIONALES

En los últimos días los medios de comunicación se han hecho eco de la admisión, por parte del Tribunal Constitucional, del recurso interpuesto por un farmacéutico de Sevilla a quien el Colegio Profesional había multado por negarse a vender, por razones de conciencia, la conocida como píldora del día después (PDD).

Es sabido que la PDD tiene, en un elevado porcentaje de casos, un efecto o abortivo. Sorprendentemente, el Gobierno español permite que se dispense sin receta médica ni límite de edad, con la misma facilidad que una caja de caramelos. Esto no ha contribuido a reducir el número de abortos quirúrgicos en España, que sigue creciendo.

Por otra parte, el derecho a la objeción de conciencia está reconocido por la legislación internacional (recientemente por el Consejo de Europa) y por la Constitución Española. Son muchos los profesionales que se enfrentan a legislaciones que les piden colaborar  en la información y realización de abortos, la receta y dispensación de fármacos abortivos y otras acciones que son inaceptables desde el punto de vista ético y de buena práctica médica.

La objeción de conciencia es un ejercicio de la libertad ideológica, reconocida como derecho fundamental en el art. 16.1 de la Constitución: "Se reconoce la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley".   Exigir al profesional opciones contrarias a la buena práctica médica o a su propia conciencia implicaría que la legalidad se estaría erigiendo como criterio de moralidad. Desaparecería así la valoración ética de los actos profesionales.