Es sabido que la eutanasia y el
suicidio asistido aplicados a pacientes psiquiátricos en Bélgica y los Países
Bajos han aumentado entre 2011 y 2014. En Bélgica la eutanasia se legalizó en
el año 2002 y, según datos oficiales, en solo nueve años se superaron los 5.
500 casos de eutanasia. En 2014 se aprobó la eutanasia para niños demostrando
así que la pendiente que lleva de la eutanasia restringida a la indiscriminada
es real y muy inclinada. En los Países Bajos esta práctica se convirtió en
legal en 2002; a los ocho años de su aprobación se supo que en este pequeño
país el 2, 8 % de las muertes se debieron a la eutanasia. En Suiza el suicidio
asistido se autorizó en 2006 únicamente para enfermos incurables o morales a
corto plazo; en 2013 la jurisprudencia permitió aplicarlo a personas aquejadas
de un mal tan impreciso como el «sufrimiento vital».
En España varias comunidades autónomas han legalizado una
forma encubierta de eutanasia al convertir en «derecho» la sedación a enfermos
desafiando la buena práctica médica y convirtiendo al profesional en un
ejecutor del paciente. Las mismas leyes autonómicas permiten privar a los
enfermos de la alimentación y la hidratación con el pretexto de que son
«cuidados extraordinarios». Una norma similar ha sido aprobada en Francia a
pesar de la creativa y firme oposición de buena parte de la sociedad civil.
Sin embargo, en la mayoría de países europeos la eutanasia y
el suicidio asistido no son legales y el cuidado de los ancianos, enfermos y personas
vulnerables es una prioridad a la que dedican gratuitamente tiempo y
esfuerzo. Europa se
encuentra ante la encrucijada de legislar para provocar la muerte o procurar
todos los medios para garantizar el cuidado de las personas respetando el
proceso natural hacia el fin de su vida.
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