Casi un centenar de mujeres que
abortaron en las clínicas del ginecólogo peruano Carlos Morín en
Barcelona dan explicaciones, por segunda vez, para que el
tribunal decida si los abortos fueron legales. La defensa del doctor ha
pedido un acuerdo para evitar a las mujeres el trance, pero la Fiscalía
se ha opuesto. Morín fue absuelto de todos los delitos hace tres años,
sin embargo, el Tribunal Supremo ordenó que se repitiera el juicio
porque no había tenido en cuenta una prueba: el testimonio de dos
periodistas de la televisión pública danesa que elaboraron un reportaje,
con cámara oculta, sobre las clínicas de Morín en Barcelona. El segundo
argumento del Supremo critica que los jueces no permitieran leer en voz
alta las preguntas que las acusaciones pretendían dirigir a Morín, y
que éste no quiso responder. (El País, 30-1-2016).
Este médico practicó cientos de abortos
en la Ciudad Condal hasta 2007, cuando la televisión pública danesa
publicó un reportaje con cámara oculta sobre las prácticas ilegales de
su clínica. Se le acusó entonces de 89 abortos ilegales, cuando alguna
de las madres se encontraba incluso en el octavo mes de gestación, pero
el Doctor nunca ponía pegas. Así lo reconoce una de las testigos que
acudió a la clínica con 24 semanas de gestación. Morín falseaba las semanas de los fetos, para que algunos de 33 semanas figurasen como
de 22, dando de esta manera una apariencia de legalidad a sus
actuaciones.
Para realizar los abortos tardíos, en
los que se provocaba el parto a la madre, el equipo médico, bajo las
órdenes de Morín, inyectaba Digoxina, un potente tóxico letal, en el
corazón del bebé para pararlo y evitar que naciera vivo.
Morín no sólo provocó abortos en mujeres
con un avanzado estado de gestación fingiendo que sufrieran daños
psicológicos, sino que no le importó realizarlos también en niñas
menores de edad, de hasta 13 años según reconoció él mismo en su
declaración ante el juez. En conversaciones telefónicas grabadas,
se detalla cómo alguna de estas mujeres sufrieron grandes hemorragias
mientras se les realizaba el aborto. Se asegura que se deshacía de los
restos de los bebés en una potente trituradora que compró, y que
utilizaba personal de limpieza como enfermeras, contrataba ginecólogos
sin titulación y prescindía de anestesistas para ahorrar costes.
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